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Bajo el lema de 'Comencem a respirar tranquils', el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Govern de la Generalitat de Catalunya han presentado en estos pasados días el contenido de la propuesta de ordenanza, la llamada Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que pretenden implantar a partir de 1 de Enero de 2020 y que para iniciar, se aplicará en el ámbito interior comprendido entre las Rondas de Dalt y Litoral y supondrá la restricción de la circulación de los vehículos, sin etiqueta ambiental, y en horario de 7 a 20 horas, de lunes a viernes.
La propuesta de ordenanza municipal de Barcelona y que, se supone, será similar en el resto de los ayuntamientos, establece:
La restricción o prohibición de la circulación de vehículos contaminantes (así se consideran los que no tienen etiqueta de la DGT), de lunes a viernes, de 7.00 horas a 20 horas.
Exenciones a la medida solo en caso de vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida y los vehículos de emergencia: médicos, bomberos, policía, etc.
Existirán 10 días al año de autorización personal para circular los vehículos sin etiqueta, que deberán ser comunicados previamente, y existirán autorizaciones para los vehículos extranjeros, que no tienen la etiqueta de DGT, pero cumplen los requisitos de contaminación para poder circular.
Para vehículos de profesionales solo se contempla una moratoria de un año. En concreto, contaran con ese periodo de adaptación del año los vehículos incluidos en las categorías N1, N2 y N3 (transporte de mercancías con furgonetas y camiones) y M2 y M3 (transporte de personas con autocares y autobuses con más de ocho plazas).
En cuanto a las multas por infringir la prohibición o restricción de circular, que serán impuestas a partir de Abril 2020, se prevén los siguientes importes:
Estas medidas desde AGTC se estiman totalmente desproporcionadas, pues afectan a un tercio del sector y resultan de imposible cumplimiento, el año de “moratoria” es insuficiente y no permite la renovación de la flota. Si entran en vigor en esos términos, podremos afirmar lo contrario de lo que anuncia la alcaldesa, la ciudad no va “respirar tranquila “ y van a suponer la “asfixia y colapso” del sector en su conjunto y, en particular, de los afectados, que no van a poder seguir trabajando, o como mal menor, verán dificultado gravemente su trabajo, que por cierto se debe recordar, que consiste en dar un servicio esencial a los ciudadanos, como es la distribución y el suministro eficiente de todo tipo de bienes y servicios.
La administración adopta medidas alegremente, sin facilitar alternativas al sector, por supuesto nada ha indicado, ni tiene previsto de forma real en cuanto ayudas o planes para la renovación de vehículos o ambientalización de flotas, ignorando con ello que el sector no se ha recuperado de la crisis y que en parte sigue inmerso en ella, sin poder repercutir sus costes y compitiendo con la economía sumergida y el dumping social, promocionada por plataformas y grandes empresas respecto de las que la administración no adopta medida alguna.
Asimismo, la administración fija este tipo de medidas restrictivas, que afectaran principalmente a autónomos y pymes, cuando respeto los vehículos que debe utilizar el sector y los combustibles a utilizar en los mismos no existen alternativas desde el punto de vista tecnológico. Frente al vehículo turismo, que tiene sus alternativas técnicas y energéticas claras, el vehículo industrial a día de hoy no las tiene, ni en el futuro próximo se observa que las pueda tener, con lo que cualquier tipo de inversión en renovaciones se hace bien incierta.
Amparándose en la Comisión Europea y en la denuncia por exceder del nivel de emisiones se imponen estas medidas, que las mismas administraciones indican, afectará a unos 50.000 vehículos al día, (vehículos sin etiqueta de consumo de gasolina, matriculados antes del 2000 y vehículos diesel, matriculados antes de 2005) y por si fuera poco la misma administración ya anuncia, que en cuatro años, la medida se extenderá para afectar a 125.000 vehículos, controlándose la aplicación y cumplimiento de todo ello mediante la lectura de matrículas a través de una plataforma tecnológica.
La propuesta de ordenanza presentada por representantes del Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Govern de la Generalitat de Catalunya, debe ser aprobada previamente en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y en los plenos de los otros municipios afectados, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià del Besòs y Esplugues de Llobregat, que también están tramitando sus ordenanzas con la misma finalidad. En Barcelona se prevé presentar y aprobar la nueva normativa en Octubre en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad y en Noviembre se abrirá un periodo de exposición pública, que acabará con la votación de la ordenanza en el Pleno municipal del mes Diciembre.
La medida, anunciada en estos términos en toda la prensa, no es de recibo y por ello, como ya se ha venido haciendo desde hace tiempo, AGTC interesará en todos los foros su corrección y la ampliación del plazo de la moratoria, emplazando hoy y aquí a todos los socios para que hagan sus propuestas sobre lo que se debe hacer antes de su próxima aprobación que como decimos está bien próxima, el plenario del Ajuntament de Barcelona en el próximo mes de Diciembre.
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